El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ETA

La resolución de la Audiencia Nacional del pasado 22 de octubre relativa a la concesión de la libertad a la etarra Inés del Río Prada, acatando así el dictamen previo de la Grand Chambre del Tribunal Europeo de derechos humanos, ha causado una gran polémica entre la opinión pública y sobre todo entre las familias de las víctimas. Como señala la Sala de lo Penal que ha llevado este caso, compuesta por dieciséis magistrados, ella se ve obligada por el órgano jurisprudencial europeo a acatar esa decisión al ser el TEdh la máxima autoridad. Al entrar España en la Comunidad Económica Europea en 1986 aceptaba el Convenio Europeo para la protección de los derechos civiles y las libertades fundamentales. A éste se ha acogido Inés del Río Prada para solicitar su libertad.
Como podéis ver en la sentencia que os adjunto, la etarra Inés del Río Prada había cumplido ya 26 años y 3 meses de los 30 años de condena. Es más, dada su realización de trabajos durante el periodo carcelario debía de haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008. Un problema que se deriva a partir de ahora es los daños morales que el Estado habrá de reparar a aquella. Esto desde mi punto de vista es tema peliagudo, y considero clave que dentro del proceso negociador que comenzó el 20 de octubre de 2011 al anunciar la banda terrorista ETA el final de sus acciones, y tras causar 829 víctimas mortales, sea un asunto que se cierra sin ningún sobre coste ni lacra más para España. ¿Cuánto vale la vida de todas y cada una de las personas a quienes mataron o a quienes dejaron lisiadas? Eso no tiene precio.
Retomando la historia de lo que ha supuesto la intervención de ETA para España, los sucesivos gobiernos desde el de Suárez hasta el de Aznar no supieron gestionar informativamente qué era ETA y la realidad del País Vasco –circunstancias y proyectos muy diferentes– ni ante la opinión pública española ni frente al Parlamento Europeo. Como señalaba la investigadora María Jesús Funes en su lúcido libro, La salida del silencio, fruto de una trabajada investigación, el pueblo vasco desde los inicios de la transición democrática a finales de los setenta se fue manifestando contra los atentados de ETA. Ese importante detalle era desconocido por el resto de españoles y europeos, dando una imagen distorsionada, errónea y falaz de la situación real del País Vasco. La mayoría de vascos se sentían españoles y para nada estaban de acuerdo con los planteamientos de ETA. Este tratamiento informativo comenzó a cambiar a raíz del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco en el verano de 1997. Habían pasado veinte años y ni los gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González ni el de José María Aznar, habían sido capaces de mostrar la diferencia entre el sentir mayoritario del pueblo vasco y la minoría proetarra (3% de la población).
Esto llegó a producir escenas esperpénticas en el Parlamento Europeo durante finales de los ochenta y la década de los noventa, ya que Herri Batasuna pretendió presentar su lucha como la del IRA en Irlanda frente a Inglaterra, asuntos que no tienen nada que ver.
 ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Sin entrar en el terreno de la hipótesis y menos en el de la especulación gratuita, esta sentencia provoca una puerta abierta para que los presos de ETA se vayan acogiendo a ella. Ahora bien, por parte de jueces españoles y europeos, de los gobiernos de aquí y de allá, y de los propios medios de comunicación, no se puede jugar frívolamente ni con este tema ni con la de presentar la excarcelación de otro tipo de convictos, por ejemplo, los que han cometido delitos sexuales, como consecuencia de esta sentencia. Unos en sus dictámenes judiciales, otros en sus gestiones de gobierno y los últimos en sus labores informativas tienen una gran responsabilidad que cumplir para fomentar o no la convivencia ciudadana. ¿Están dispuestos a cumplirla? Si no fuera así, ¿está la opinión pública dispuesta a luchar para obligar a esas tres instituciones a que cumplan con ella?

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