Sentencia europea contra las cláusulas hipotecarias abusivas



La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo del presente año ha abierto toda una línea jurídica frente a las cláusulas abusivas establecidas en los contratos hipotecarios por los bancos y entidades financieras. En el día de ayer, la Comisión Europea imponía una multa de 1710 millones de euros a siete bancos por pactar el precio del dinero y encarecer las condiciones de los citados créditos hipotecaros.
Cuando uno analiza con detalle esta sentencia que os adjunto, que interpuso el ciudadano Mohamed Aziz contra Catalunyacaixa, hay varias cuestiones que llaman la atención. Primero, que desde el 5 de abril de 1993 existe la Directiva 93/13 de la Comunidad Económica Europea (CEE) en cuyo artículo 3 se marca que no se permitirá ninguna cláusula que no se haya negociado individualmente entre el consumidor y la entidad bancaria. Segundo, que en su artículo 6 apartado 1 el Estado (en este caso España) tiene la obligación de no vincular al consumidor con esas cláusulas abusivas.
La primera pregunta que nos surge es ¿por qué se permitió? Desde la liberación de los suelos públicos en 1996 durante el final del último gobierno de Felipe González, y que fue acordada con el PP de Aznar, y practicada luego por los ayuntamientos y regiones de cualquier signo político hasta el estallido de la crisis, apreciamos que desde el poder ejecutivo y legislativo se promovió el crédito fácil a través de los bancos y de las cajas de ahorro. Con la particularidad de que en los consejos de administración de las cajas de ahorro el peso de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios ha sido determinante a la hora de determinar qué prácticas financieras se ejecutaban. No nos puede extrañar que esta primera sentencia tenga como demandada a la antigua caja de ahorros Catalunyacaixa, entidad que tuvo que ser rescatada y cuyo máximo responsable Narcís Serra –figura política destacada en el PSOE desde los años ochenta– está procesado por su gestión. 
Cuando Mohamed Aziz interpuso su demanda contra Catalunyacaixa, el 11 de enero de 2011, a través del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona, lo hizo reclamando la eliminación de las indemnizaciones altas y que se permitieran recursos judiciales del consumidor frente a las prácticas financieras abusivas. Ambas situaciones curiosamente se encuentran recogidas en el art. 3.3. del Anexo de la citada Directiva europea, que en España está en vigor desde el 14 de abril de 1998.
A Mohamed Aziz, Catalunyacaixa le reclamaba un total de 181.666 euros, cuando el ciudadano de origen marroquí, afincado en España por motivos laborales desde 1993, había solicitado un préstamo por importe de 138.000 euros que le fue concedido en julio de 2007. Además Aziz puso como garantía hipotecaria su vivienda familiar que era propiedad suya desde 2003.
Desde julio de 2007 a mayo de 2008, Aziz estuvo abonando sus cuotas mensuales hipotecarias de 348,48 euros. Unos meses después, en agosto le sobrevinieron los problemas económicos al quedarse desempleado y fue entonces cuando interrumpió el pago de las cuotas. Tras embargar Catalunyacaixa la propiedad, la puso a subasta pública el 20 de julio de 2010, sin ser comprada por nadie. Unos meses después sería vendida por Catalunyacaixa por el 50% de su valor.
Nos surge así otra cuestión, ¿por qué se vende a mitad de precio? No solo repercute en ese nuevo precio la crisis económica sino también la usura que habían practicado las propias entidades financieras, constructoras e inmobiliarias con el beneplácito del poder ejecutivo y legislativo, sigue permitiendo que aquellos ganen dinero aún con esa rebaja tan sensible del valor de las viviendas.
Como podéis comprobar, queridos lectores del Rick´s Café, en la página 10 de la sentencia, en su punto 35 se establece que el Tribunal Europeo sí tiene competencias para juzgar este tipo de casos frente a la negativa que solicitaban Catalanuyacaixa y el Estado español. Resulta muy significativo que el Estado se pusiera del lado de Catalunyacaixa y no del ciudadano que había sufrido la estafa hipotecaria. Y como dictaminó el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona quedaba demostrado que los intereses de demora fijados del 18% eran abusivos, así como otras cláusulas contractuales relativas a la imposibilidad del Sr. Aziz de tutelar sus derechos (p. 11 en su punto 41).

Comentarios

Entradas populares