Sentencia europea contra las preferentes

Seguimos analizando sentencias del Tribunal Europeo recientes en casos planteados por personas o empresas que se han visto estafadas por la actuación de entidades financieras. Le toca hoy el turno al asunto de las preferentes o swaps –en terminología anglosajona–. Este recurso fue planteado por la compañía Genil 48 S.L. contra el Bankinter. Y por la empresa Compañía Hostelera de Grandes Vinos S.L. contra el BBVA. El auto fue presentado el 14 de noviembre de 2011.
Como podéis comprobar en la sentencia del Tribunal Europeo que os adjunto, por el Gobierno español repite la agente S. Centeno Huerta. Y se suman agentes de los gobiernos checo, estonio y polaco. Estos datos no son baladíes, porque muestran que la estafa tuvo una red a nivel internacional. Lo mismo ha ocurrido con el tema de las hipotecas, cuando millones de personas de un país A sin saberlo estaban avalando los créditos hipotecarios de los nacionales de un país B mediante productos financieros. Entre esos productos financieros estaban las preferentes.
Otro de los detalles significativos, como podéis comprobar en el argumento 13 del Tribunal Europeo, es que el índice de referencia era el euríbor. Y los bancos, en este caso Bankinter y BBVA tenían la obligación legal y ética de proteger a sus clientes frente a las especulaciones en las variaciones de ese tipo de cambio. Como vimos en la jornada de ayer, la Comisión Europea ha impuesto una sanción de 1710 millones de euros a siete bancos –seis europeos y uno americanopor pactar los tipos del euríbor durante años. Pero en este supuesto, además se incluía la leonina cláusula por la que si el tipo de interés Euríbor mensual es inferior al tipo fijo así pactado, el cliente debe pagar al banco la diferencia que de ello resulta y si, por el contrario, el tipo de interés Euríbor sobrepasa el tipo fijo pactado, el banco debe pagar la diferencia al cliente.
Queda claro tras demostrarse que los tipos de interés del Euríbor han sido pactados durante años por las entidades financieras, quiénes han estado pagando a quien.
La Directiva 2004/39 que es la que regula este tipo de servicios y productos financieros establece con claridad en sus artículos 2 y 31 que los clientes han de tener garantizada una alta protección de sus inversiones. Y en el art. 19.4 se fija la obligatoriedad de darle información de calidad sobre las mismas. Con la particularidad de que en el art. 19.5 se determina también la responsabilidad del banco en solicitar la experiencia del cliente en este tipo de inversiones y conocer sus circunstancias. Es más se definía el incluir en el contrato esa información específica del cliente. A pesar de que esta directiva fue asimilada por el Derecho español en la Ley 24/1988 de 28 de julio, durante estos veinticinco años se han producido otras estafas. Recordemos por ejemplo la de los sellos de Forum Filatélico.
Para terminar, lanzo ahí una serie de preguntas para quienes se animen a contestarla: ¿Por qué el Banco de España como supervisor de esos productos y servicios financieros les permitió a los bancos y cajas venderlos? ¿Por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores no actuó en su momento para impedir su comercialización? ¿Qué hizo el poder legislativo en sus comisiones parlamentarias para impedir estas bombas financieras? ¿Por qué la Hacienda Pública ante el historial de estafas precedentes no ha estado alerta?

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