Contubernio de las burocracias privadas y públicas


Los lectores de Rick´s Cafe nos hacen llegar nuevos problemas cotidianos que se están encontrando en su caminar. El compañero Rúas los anota con su espíritu de reportero de toda la vida: ese que coteja de manera reflexiva las fuentes. Y observa que hay grandes agencias de viajes que están dificultando el acceso de los clientes a sus billetes de avión. Éstos no pueden consultar nada. No hay bidireccionalidad. Cualquiera puede llegar a la terminal de embarque y encontrarse con que una agente de seguridad le hace sacar del equipaje al pasajero un pequeño bote de champú para el pelo porque se pasa con los gramos de más del bote la carga permitida. Algo surrealista y real, como el callejón del Gato de Vallé Inclán y las figuras de sus espejos.

Cuando ese pasajero trata de reclamar vía correo electrónico a la agencia de viaje se encuentra con que el correo de la compañía no está con la dirección del servidor de aquélla, sino con una cuenta subsidiaria de gmail o hotmail, o con un correo don´t reply to this email. Otra barrera más, otra clara muestra de falta de profesionalidad. Es poco serio que una empresa que se gasta millones en publicidad o en mantener sus servidores y página web, conteste al cliente a través de una cuenta de gmail o hotmail.

El siguiente paso en esta escalera de obstáculos son los números 902 para las reclamaciones, dado que no tienes el teléfono directo del comercial que te atendió. Como sabéis, los 902 son teléfonos a los que llamar cuesta bastante más, no bajan de 1 € por minuto la llamada y ésta se eterniza.

Todo esto genera las figuras de los clientes cautivos. Y el Estado, lo permite. Para ello  resultan claves las labores sobre todo de los políticos y de los burócratas de las Administraciones Públicas que se prestan a ello.

En el caso de las entidades eléctricas, ocurre lo mismo. El libre mercado, tan cacareado, no existe. Los usuarios de los servicios eléctricos y de esta energía son títeres obligados a contratar con la compañía que tenga asignada esa concesión en la región en la que aquéllos viven. Los procesos de contratación de un servicio, o la reclamación por pagos que no proceden, o cualquier otra gestión, se eternizan. Las webs de las compañías muchas veces no funcionan. Y si el cliente es un analfabeto digital, éste se ve obligado a contratar a un gestor que le cuesta dinero para hacer todos esos trámites.

Cuando Rúas se adentra en el campo de las entidades telefónicas, ocurre más de lo mismo: Por Internet te ofertan servicios que no pueden contratarse en cualquier oficina a pie de calle. Y cuando llega el momento de la reclamación por cualquier asunto, se genera un bucle eterno: Si llamas al Servicio de Atención al Cliente o pones un correo electrónico, y no te dan respuesta ni solución, te acercas a una tienda y los empleados de ésta no te pueden solucionar la cuestión que allí te llevó.

En las Administraciones Públicas ocurre lo mismo: Si necesitas solicitar un simple certificado de que estás al día de tus pagos como autónomo por vía telemática, resulta que te ves obligado a que ese documento te llegue en papel por correo ordinario porque la web de la Tesorería de la Seguridad Social y la aplicación del Certificado Digital no están funcionando bien. Seguro que la aplicación concreta y su mantenimiento nos cuesta millones de € a los españoles cada año. ¿Por qué no funciona bien? ¿A quiénes hay que pedirles responsabilidades? ¿Por qué la Administración española no le pide daños y perjuicios a la empresa informática que le presta ese servicio? ¿Quiénes de uno y otro lado se lo están llevando calentito -en otro caso más de corrupción-?

O España, que se ha visto como otros países con unos problemas de liquidez de sus Administraciones desde 2008, lo cual ha repercutido en una gravísima perdida de servicios sociales, educativos y sanitarios desde entonces, ahora que la economía comienza a expandirse desde hace ya tres años, sigue padeciendo esa falta de esos servicios fundamentales. Y aunque se creó en su día el Fondo de Liquidez para las Autonomías y las Corporaciones Locales, ahora en una intestina lucha política entre Gobierno Central y gobiernos locales o regionales, en la que los perjudicados vuelven a ser los ciudadanos y las empresas, no se está permitiendo que los superávit de caja se reinviertan en nuevos y mejores servicios sociales, educativos o sanitarios. 

Y qué decir de las trabas para abrir nuevos negocios o valorar como merecen glorias comerciales pasadas que quieren reabrirse: el célebre Café Comercial de Madrid, una muestra.
 
Algo habrá que hacer. ¿Tú, qué vas a hacer, a qué estás dispuesto?
Continuaremos.

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